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Un tribunal ruso condena a dos combatientes de Azov a 24 y 26 años en un juicio farsa
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![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
![Photo of Amira Barkhush]( "Photo of Amira Barkhush")
Un tribunal ruso ha condenado a dos militares ucranianos a 24 y 26 años de prisión, respectivamente, acusados de asesinar presuntamente a residentes de la autoproclamada «República Popular de Donetsk» (RPD).
Así lo informó TASS el 9 de junio, citando al Comité de Investigación de Rusia.
Según la comisión, Ruslan Orlov y Artem Novikov, identificados por las autoridades rusas como miembros de la Brigada Azov, fueron «declarados culpables» en virtud de dos artículos del Código Penal ruso:
Trato cruel a civiles y uso de métodos prohibidos por los tratados internacionales durante los conflictos armados;
Asesinato de dos o más personas cometido por un grupo organizado, supuestamente motivado por el odio político e ideológico.
Estos cargos no se han verificado de forma independiente, y el juicio se considera parte de la campaña más amplia de Rusia para criminalizar la resistencia ucraniana.
Según los investigadores, en abril de 2022, Orlov y Novikov se encontraron presuntamente con tres hombres en Mariupol que «no participaban en el conflicto armado». Creyendo que los hombres tenían opiniones prorrusas, los dos militares habrían abierto fuego, disparándoles supuestamente varias veces con armas de fuego. Los tres hombres habrían resultado heridos de muerte.
El estatus de «prisionero de guerra» es una designación legalmente protegida por el derecho internacional, con derechos y criterios definidos.
El juicio de prisioneros de guerra sólo es legal en condiciones estrictas definidas por el derecho internacional humanitario, en particular el Tercer Convenio de Ginebra de 1949. En virtud del Convenio, los prisioneros de guerra pueden ser juzgados si se les acusa de crímenes de guerra u otros actos delictivos graves no justificados por su condición de combatientes legales, como el asesinato de civiles o la tortura.
Sin embargo, estos juicios deben respetar salvaguardias específicas para garantizar la imparcialidad. Los procedimientos deben ser llevados a cabo por un tribunal regularmente constituido, y los acusados deben tener garantizados sus derechos judiciales. Estos incluyen el derecho a un juicio justo e imparcial, el acceso a un abogado defensor y la posibilidad de recurrir la decisión. Además, si es necesario, deben proporcionarse servicios de traducción e interpretación para garantizar que el prisionero de guerra comprende el proceso.
El 16 de abril, un tribunal de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia, condenó a tres prisioneros de guerra ucranianos a casi 24 años de reclusión en una colonia penal.
