La retirada de Rusia de la Convención contra la Tortura supone una apuesta por la represión, según el Defensor del Pueblo de Ucrania

El comisionado para los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, ha condenado la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, subrayando que esta medida demuestra claramente la dependencia sistémica del Kremlin de la tortura y los tratos inhumanos.

«Hoy, el presidente ruso ha firmado una ley por la que Rusia se retira del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura. Esta decisión no es solo una formalidad jurídica, sino un paso demostrativo que elimina las últimas "máscaras" y confirma que la tortura es un elemento de la política estatal del Kremlin», escribió Lubinets en Telegram el 29 de septiembre.

Subrayó que el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura no es solo un instrumento jurídico que prohíbe los tratos crueles y degradantes, sino también un mecanismo eficaz de supervisión. El convenio cuenta con el respaldo del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que opera bajo los auspicios del Consejo de Europa y tiene autoridad para supervisar los centros de detención.

«A pesar de haber sido expulsada del Consejo de Europa en marzo de 2022, Rusia seguía siendo formalmente parte de la convención, lo que proporcionaba una base jurídica para la presión internacional. Ahora, incluso esta posibilidad ha desaparecido. La denuncia significa que el Kremlin está evitando deliberadamente la supervisión internacional y privando al mundo de la influencia necesaria para responder a la tortura en las prisiones rusas y en los territorios temporalmente ocupados donde se encuentran recluidos prisioneros de guerra y civiles ucranianos», subrayó Lubinets.

Señaló que la decisión del Kremlin envía una clara señal política: Moscú se niega a reconocer las normas europeas y ya no se siente obligada a cumplir las reglas que salvaguardan la dignidad humana. Según él, esta medida es una señal política explícita que muestra la negativa de Moscú a reconocer las normas europeas y su abandono de las reglas destinadas a proteger la dignidad humana. En su opinión, rechazar los mecanismos de supervisión en tiempos de guerra aumenta inevitablemente el riesgo de violaciones masivas y sistémicas de los derechos humanos.

Según el Ombudsman, la comunidad internacional debe intensificar su respuesta utilizando todos los instrumentos disponibles, especialmente los que se encuentran bajo el marco de las Naciones Unidas.

«Rusia sigue siendo parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, por lo que es necesario intensificar la labor de los mecanismos de las Naciones Unidas, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es importante seguir documentando los delitos de tortura y presentando pruebas ante la Corte Penal Internacional, reforzar las sanciones personales contra los organizadores y autores de torturas y apoyar a las víctimas, así como a los defensores de los derechos humanos que lideran esta lucha», declaró Lubinets.

El líder ruso, Vladimir Putin, firmó una ley por la que se denuncia el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos, según informó Radio Liberty el 29 de septiembre.

Al mismo tiempo, las autoridades rusas insisten en que la retirada del convenio no significa la legalización de la tortura en el país.

Anteriormente, periodistas de The Times revelaron la identidad de 13 oficiales y generales rusos implicados en crímenes de guerra cometidos en Bucha, en la región de Kyiv, donde las fuerzas rusas masacraron a cientos de civiles en marzo de 2022, durante las primeras etapas de la invasión a gran escala.

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