Miles de entidades rusas acusadas de saquear la economía de la Mariupol ocupada, según un informe

Según un nuevo informe publicado por Serious Organized Crime & Anti-Corruption Evidence  el 14 de mayo, se cree que más de 1.000 organismos gubernamentales rusos y 1.200 empresas privadas están implicados en la financiación ilícita y el saqueo de empresas en la temporalmente ocupada Mariupol, la ciudad del sureste de Ucrania tomada por Rusia tras su invasión de 2022.

El estudio, titulado «Saqueo de Mariupol: Russia's Use of Illicit Finance and Economic Crime in Ukraine», identifica a las personas y empresas clave que impulsan y se benefician de la explotación económica de la ciudad bajo ocupación rusa.

Para investigar los mecanismos de la financiación ilícita y el saqueo de empresas en Mariupol, los investigadores crearon la base de datos Russian Illicit Finance in Occupation (RIFO).

La base de datos contiene registros detallados de más de 1.000 funcionarios e instituciones rusos implicados en la economía de la ciudad ocupada. Señala posibles actividades financieras ilícitas, incluido el abuso de autoridad y la participación en el robo de activos. También revela las estructuras oficiales y administrativas que apoyan la política rusa de desucranianización de Mariupol y otros territorios ocupados.

Un segundo conjunto de datos, en el que se detallan más de 1.200 entidades que operan en la economía de la Mariupol ocupada, puede incluir indicadores de aprovechamiento de la corrupción y el fraude. También se cree que algunas de estas empresas prestan servicios a las fuerzas de seguridad rusas implicadas en presuntos crímenes de guerra o violaciones de las leyes de ocupación.

Un tercer conjunto de datos identifica a más de 180 empresas radicadas en Rusia potencialmente implicadas en absorciones empresariales llevadas a cabo sin el consentimiento de los anteriores propietarios, lo que puede dar lugar a reclamaciones por fraude, robo y/o saqueo.

El informe examina el programa de inversiones de Rusia en la Mariupol ocupada, que ha ido acompañado de la incautación ilegal de miles de viviendas, empresas y bienes ucranianos. Destaca las acusaciones generalizadas de corrupción, fraude y especulación, así como la aparición de nuevas redes empresariales rusas que están sacando provecho de la economía de guerra.

Según los investigadores, muchas de estas actividades económicas pueden constituir delitos penales y potencialmente equivaler a crímenes de guerra.

El 17 de abril, una investigación de la BBC reveló que las autoridades instaladas por Rusia en Mariupol están confiscando sistemáticamente miles de viviendas de residentes ucranianos, en particular de aquellos que huyeron durante la guerra.