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Rusia aprueba una aplicación de mensajería respaldada por el Estado mientras se plantea bloquear WhatsApp
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La Duma Estatal de Rusia ha aprobado una ley que ordena el desarrollo de una plataforma nacional de mensajería instantánea para 2026, diseñada para sustituir a aplicaciones extranjeras como WhatsApp y Telegram para uso oficial y público, según el proyecto de ley aprobado el 10 de junio.
El documento especifica que el Gobierno designará una única aplicación autorizada por el Estado para las comunicaciones oficiales, al tiempo que prohíbe a los empleados públicos el uso de mensajeros extranjeros.
«El nuevo servicio desempeñará las funciones del mensajero nacional para correspondencia, llamadas telefónicas, y también se convertirá en la plataforma para recibir servicios públicos y comerciales», informó TASS.
El sistema propuesto requerirá una infraestructura operada íntegramente por Rusia y un modelo de cifrado específico. Aunque aún no se ha revelado el nombre de la aplicación, las autoridades insisten en que el servicio ofrecerá «mejor funcionalidad y seguridad» que las actuales opciones occidentales.
Una vez implantado el nuevo sistema, todas las entidades gubernamentales federales y regionales, así como las corporaciones estatales, estarán obligadas a adoptarlo. Un decreto gubernamental determinará el calendario exacto de la transición. Los principales competidores del sistema propuesto son Telegram, que sigue siendo muy popular en Rusia a pesar del escrutinio estatal, y WhatsApp, que ya está prohibido para uso oficial.
Reuters informó de que la medida también se alinea con los esfuerzos de Moscú para cambiar a software nacional en todos los organismos estatales, citando los riesgos de seguridad nacional de los ecosistemas digitales extranjeros contra lo que Rusia llama «colonización digital».
Anteriormente se había informado de que las autoridades rusas se disponían a implantar una moneda digital del banco central. El rublo digital, cuya implantación en todo el país está prevista para 2026, permitirá al Estado supervisar directamente las transacciones financieras de los ciudadanos, lo que ha suscitado las críticas de grupos de defensa de los derechos que afirman que el sistema podría utilizarse para la vigilancia masiva.
