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Serbia busca un acuerdo de gas ruso con Gazprom y afirma tener "el mejor precio de Europa"

Serbia está trabajando en un nuevo acuerdo de gas con Rusia y espera asegurarse el mejor precio de Europa, declaró el 18 de junio el director de la compañía estatal serbia de gas, Dušan Bajatović, en una entrevista con Reuters.
Bajatović, que dirige Srbijagas, declaró que tanto Serbia como el resto del continente europeo no tendrían más alternativa que volver al gas ruso para satisfacer su demanda energética a un coste razonable.
Serbia sigue siendo uno de los últimos compradores europeos de gas ruso, importando aproximadamente 3.000 millones de metros cúbicos el año pasado. Según Reuters, esta evolución coincide con el actual intento de Serbia de adherirse a la Unión Europea, que esta semana propuso una prohibición jurídicamente vinculante de las importaciones de gas natural ruso y gas natural licuado (GNL) para finales de 2027.
Bajatović explicó que el nuevo contrato con Gazprom comenzará en septiembre y puede durar tres o diez años.
"La cuestión del precio está más o menos resuelta. Será muy bueno, será el mejor precio de Europa", dijo a Reuters, sin revelar más detalles debido a las negociaciones comerciales en curso.
En cuanto al panorama energético general, Bajatović afirmó que el mercado mundial del gas estará determinado en última instancia por Rusia y Estados Unidos como principales productores, y China como gran consumidor.
"Es matemático. No se puede resolver la ecuación del suministro de gas a Europa a precios aceptables sin el gas ruso", dijo, hablando al margen del principal foro económico de Rusia en San Petersburgo, un evento boicoteado en gran medida por los CEO occidentales debido a la guerra en Ucrania.
También expresó su apoyo a la idea de que inversores estadounidenses adquieran el gasoducto Nord Stream, inoperativo desde las explosiones de 2022.
Anteriormente, Francia y Bélgica, los dos mayores importadores de GNL ruso en Europa, se negaron a apoyar la prohibición de las importaciones de gas ruso propuesta por la Comisión Europea, alegando la necesidad de una mayor claridad sobre las implicaciones jurídicas y económicas antes de tomar una decisión definitiva.






