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Un informe destapa que hoteles Accor aceptaron reservas con posibles indicios claros de explotación de menores ucranianos
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El grupo hotelero francés Accor ha abierto una investigación interna tras la publicación de un informe que sugiere que algunos de sus hoteles podrían haber aceptado reservas con indicios claros de posible trata de personas y explotación sexual de menores ucranianos.
Las acusaciones, recogidas por Reuters y Financial Times el 20 de marzo, se basan en un análisis realizado por la firma estadounidense Grizzly Research.
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Según el informe, los investigadores contactaron con más de 200 hoteles en 20 países, enviando solicitudes de reserva diseñadas para activar posibles alertas. En ellas se describía a menores de entre 14 y 17 años viajando con adultos bajo el pretexto de eventos de modelaje, junto con peticiones adicionales que sugerían situaciones de abuso.
En algunos casos, los mensajes incluían solicitudes explícitas como la preparación de champán, preservativos o lubricantes en habitaciones donde supuestamente se alojarían menores.
Respuestas que generan preocupación
De acuerdo con Financial Times, 56 hoteles respondieron a estas solicitudes y aproximadamente el 80% no mostró objeciones claras. Al menos 24 establecimientos no manifestaron ninguna preocupación ante el contenido de las reservas.
El informe también señala que todos los hoteles de Accor contactados en Rusia, así como varios en Kazajistán y Uzbekistán, aceptaron solicitudes relacionadas con menores trasladados bajo supuestos procesos de adopción.
En algunos casos, los establecimientos indicaron que no compartirían información sobre las reservas con la sede central de Accor, medios de comunicación o autoridades diplomáticas ucranianas.
Un contexto más amplio: deportación de menores ucranianos
Las acusaciones surgen en un contexto marcado por las denuncias sobre la deportación y traslado forzoso de menores ucranianos desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia.
Según la iniciativa ucraniana “Bring Kids Back”, más de 20.000 niños han sido trasladados fuera del país, de los cuales poco más de 2.000 han podido regresar.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por crímenes relacionados con la deportación ilegal de menores ucranianos.
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