Una nueva ley rusa pone en riesgo de embargo a todos los propietarios de propiedades en la Ucrania ocupada

Rusia está introduciendo un mecanismo que permite la confiscación masiva de viviendas en territorios ocupados temporalmente con el pretexto de declararlas "sin dueño", lo que allana el camino para una redistribución a gran escala de la propiedad a favor de los ciudadanos recién llegados.

El Centro para la Lucha contra la Desinformación informó al respecto en Telegram el 10 de diciembre.

Rusia ha aprobado oficialmente una ley que otorga a las administraciones de ocupación la autoridad para clasificar apartamentos y casas en los territorios confiscados como "no reclamados" y transferirlos a nuevos usuarios.

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La expropiación continuará hasta 2030. Esta es la "fecha límite política": el final del quinto mandato de Putin. Si bien la práctica de confiscar viviendas bajo el pretexto de un supuesto "abandono" falso existe desde hace tiempo en los territorios temporalmente ocupados, el Kremlin la ha elevado a nivel federal. Funcionarios específicos en las oficinas de Moscú son ahora responsables del proceso, escribió el Centro para la Lucha contra la Desinformación.

Como resultado, la amenaza se extiende no solo a quienes se vieron obligados a huir debido a la guerra, sino también a quienes aún permanecen en los territorios ocupados.

Los expertos señalan que este mecanismo facilita la apropiación sistemática de bienes ucranianos.

Se espera que las casas y apartamentos confiscados se distribuyan entre el personal militar, las fuerzas de seguridad, los funcionarios y los trabajadores del sector público rusos trasladados a la región.

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Esta política complementa otras medidas que Rusia está adoptando para reforzar su control sobre los territorios temporalmente ocupados, incluyendo los preparativos para legalizar el reclutamiento forzoso de residentes en el ejército ruso, lo cual viola el derecho internacional.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Rusia eliminó formalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del marco jurídico del país, según The Moscow Times del 9 de diciembre.

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