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Senadores de EE UU pactan un plan de sanciones con aranceles del 500% a Rusia e Irán
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Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha acordado un proyecto de ley para establecer nuevas medidas restrictivas contra Rusia e Irán.
La propuesta otorga al presidente Donald Trump la facultad de aplicar un arancel del 500% a las importaciones rusas en Estados Unidos. Asimismo, contempla un gravamen adicional del 100% para los cinco principales compradores de petróleo crudo y gas natural rusos, así como para los cinco países que presten mayor asistencia a Moscú en la elusión de las sanciones energéticas actuales, según datos publicados este martes por Bloomberg.
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Alcance sobre la energía, la vigencia del marco y el debate interno
Asimismo, la iniciativa prorroga la Ley de Sanciones a Irán de 1996 hasta el año 2031, e incluye una enmienda introducida a última hora que limita la potestad sobre los nuevos aranceles a un periodo de cinco años. La propuesta legislativa ha contado con el respaldo implícito del presidente Trump.
De ser aprobada, la medida penalizaría a los principales compradores de crudo y gas natural rusos, lo que afectaría de forma directa a grandes consumidores energéticos como India y China. Mientras los defensores de la norma sostienen que la iniciativa busca reducir los ingresos que financian las operaciones bélicas del Kremlin, diversos analistas señalan el riesgo de perturbar las relaciones comerciales de Washington con estas potencias.
Por su parte, los sectores críticos con el borrador argumentan que el texto podría emplearse para justificar barreras comerciales amplias sin asegurar una aplicación más estricta de las restricciones hacia Moscú o Teherán, según recoge Bloomberg.
Calendario legislativo, margen de discrecionalidad y volatilidad energética
El Senando prevé someter a votación la propuesta en el transcurso de esta semana. Sin embargo, la entrada en vigor del texto legislativo no se produciría antes de septiembre, dado que la Cámara de Representantes ha iniciado ya su receso estival de agosto.
Persisten dudas sobre el grado de aplicación de estas medidas por parte de la Casa Blanca. El proyecto de ley otorga al presidente un amplio margen de discrecionalidad para conceder exenciones directas o suspender la ejecución de las sanciones. Medidas anteriores aplicadas por Washington sobre el comercio energético ruso incluyeron exenciones temporales, implementadas tras las perturbaciones del mercado derivadas del cierre del estrecho de Ormuz durante el conflicto con Irán.
Las exenciones expiraron el mes pasado. En este contexto, analistas del sector energético señalan que la introducción de nuevas restricciones podría acentuar la inestabilidad en las cadenas de suministro internacionales.
«En un momento en que los mercados energéticos globales continúan bajo una presión considerable, limitar aún más la oferta corre el riesgo de imponer costes desproporcionados a los países que ya asumen el impacto económico de la crisis actual», ha valorado Brett Erickson, director general de la consultora Obsidian Risk Advisors.
La eficacia de las sanciones y el contraste con el nuevo paquete de la UE
Erickson ha cuestionado asimismo la eficacia de integrar ambos marcos sancionadores en un mismo texto legal: «Si el objetivo es acrecentar la presión económica sobre Irán, vincular cláusulas adicionales sobre Teherán a un proyecto de ley dirigido contra Rusia difícilmente generará un impacto significativo».
La Ley de Sanciones a Irán de 1996 autoriza la imposición de sanciones secundarias a empresas extranjeras que mantengan lazos comerciales con la República Islámica. La prórroga de esta norma hasta 2031 garantiza la vigencia de dichas competencias federales. Por su parte, las restricciones comerciales vinculadas a la adquisición de energía rusa han mostrado históricamente un grado de aplicación dispar.
Esta iniciativa en el Congreso de Estados Unidos coincide con las últimas medidas adoptadas al otro lado del Atlántico. El pasado 23 de julio de 2026, la Unión Europea acordó su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia, un conjunto de medidas orientado a restringir la actividad del sistema financiero, el sector energético y el complejo militar-industrial de Moscú.
La decisión comunitaria constituye el mayor paquete de sanciones aprobado por Bruselas en cuatro años, e incluye la designación de 218 nuevos activos: más de 100 entidades bancarias y operadores de criptomonedas, más de 40 buques pertenecientes a la flota fantasma rusa, diversas refinerías situadas en Rusia y Bielorrusia, y más de medio centenar de empresas del sector de la defensa implicadas en la producción de drones de largo alcance.
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