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Rusia planea convertir territorios ocupados de Ucrania en destino turístico para 2045
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Rusia planea trasladar a más de 113.000 personas a las zonas ocupadas de Ucrania para 2045, en el marco de planes de desarrollo a largo plazo para las regiones temporalmente ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson, según informó Ukrainska Pravda el 17 de marzo.
El medio, citando al diario económico ruso Vedomosti, informó que los planes fueron elaborados por VEB.RF junto con el Instituto Unificado de Planificación Espacial de Rusia.
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De ese total, se prevé que 67.100 personas se incorporen a través de los planes maestros y otras 46.700 mediante los proyectos de planificación territorial.
Los planes incluyen proyectos de construcción e infraestructura a gran escala destinados a consolidar este cambio demográfico.
Vedomosti informó que el programa prevé 9,8 millones de metros cuadrados de nuevas viviendas en el marco de los planes maestros y otros 3,31 millones de metros cuadrados mediante proyectos de planificación territorial.
Los planes también incluyen, además de 143 jardines de infancia, 24 escuelas, 117 clínicas ambulatorias y centros de salud, más de 3.270 kilómetros de carreteras, casi 430 kilómetros de vías férreas, 19 estaciones y la reconstrucción de cuatro aeródromos.
Los mismos planes también contemplan la expansión industrial, incluyendo 10 parques industriales, nueve parques agroindustriales, dos parques industriales de otra categoría, cuatro parques tecnológicos, ocho empresas de construcción de maquinaria, 15 plantas de materiales de construcción y seis explotaciones mineras.
Para llevar a cabo el programa, las autoridades rusas prevén la participación de 225.400 personas y la creación de unos 36.300 nuevos puestos de trabajo para 2045.
Los proyectos se diseñaron para mejorar las condiciones de vida de unos 600.000 residentes y aumentar el atractivo para la inversión de lo que Moscú denomina sus «territorios reunificados».
Mariúpol sufrió un asedio ruso de casi tres meses en 2022, que culminó en una destrucción masiva. Los investigadores documentaron graves crímenes de guerra en los territorios ocupados, incluyendo el bombardeo del Teatro Dramático de la ciudad.
La ONU verificó 1.348 muertes de civiles en Mariúpol a mediados de junio de 2022, pero señaló que la cifra real probablemente era mucho mayor. Estimaciones locales e independientes lo sitúan por encima de los 10.000.
Los planes también hacen gran hincapié en el turismo, y las autoridades rusas proyectan un flujo de turistas y excursionistas de hasta 9,4 millones de personas al año para 2044.
Vedomosti informó que Moscú ve un “alto potencial” en las ciudades ocupadas de Primorsk y Henichesk, y que tiene en la mira sitios como el istmo de Arabat, la costa de la región de Zaporizhzhia, Mariúpol, Kyrylivka y Skadovsk.
La agenda incluye más de 5.000 unidades hoteleras en áreas prioritarias y hasta 22.000 habitaciones en todas las regiones ocupadas.
Esta decisión refuerza los esfuerzos de Moscú por consolidar el control sobre las áreas ocupadas no solo mediante la ocupación militar, sino también a través de proyectos de vivienda, transporte, industria y turismo destinados a transformar las regiones a largo plazo.
La estrategia se ve reforzada, además, por nuevas herramientas legales destinadas a la redistribución de propiedades en las regiones ocupadas.
La medida anterior formalizó una práctica ya utilizada en los territorios ucranianos ocupados, permitiendo a las autoridades de ocupación declarar casas y apartamentos como "sin dueño" y reasignarlos bajo un marco federal recientemente aprobado.
El Centro para la Lucha contra la Desinformación informó que se prevé que la campaña de expropiación continúe hasta 2030, vinculando la medida con lo que describió como el plazo político para el quinto mandato del líder ruso Vladimir Putin.
La amenaza ahora se extiende más allá de los residentes que huyeron de la guerra, alcanzando a personas que aún permanecen bajo ocupación y que también podrían perder sus propiedades mediante falsas alegaciones de abandono.
Se prevé que las propiedades confiscadas se redistribuyan entre el personal militar, los agentes de seguridad, los funcionarios y los trabajadores del sector público rusos trasladados a los territorios ocupados.
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