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Un tribunal apoyado por Rusia condena a casi 24 años de cárcel a tres prisioneros de guerra de la Brigada Azov
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![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
![Photo of Vlad Litnarovych]( "Photo of Vlad Litnarovych")
Un tribunal de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia, condenó a tres prisioneros de guerra ucranianos a casi 24 años de reclusión en una colonia penal, informó el 16 de abril el medio ucraniano Novyny Donbas.
El llamado «Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk (RPD)» condenó a los militares de la Guardia Nacional del Regimiento Azov - Vladyslav Ruchko, Andrii Yaroschynskyi y Dmytro Ihnatenko - a penas de prisión que oscilan entre los 23 años y 9 meses y los 24 años, según fuentes estatales rusas.
El tribunal, que opera bajo el sistema judicial ruso en la Donetsk ocupada, condenó a los hombres por «trato cruel a civiles» y «asesinato motivado por odio político e ideológico».
El Comité de Investigación ruso afirma que el presunto incidente tuvo lugar en marzo de 2022, durante el asedio de Mariupol. Según la investigación, soldados ucranianos habrían disparado un mortero contra un almacén de grano donde se refugiaban civiles, matando a una persona.
Ruchko y Yaroschynskyi fueron condenados a 24 años cada uno, mientras que Ihnatenko recibió 23 años y 9 meses. Los tres fueron condenados a cumplir sus penas en colonias penales de alta seguridad.
Anteriormente, el 26 de marzo, el Tribunal Militar del Distrito Sur de Rostov del Don (Rusia) condenó a 23 prisioneros de guerra ucranianos y a personal civil de apoyo asociado a la Brigada Azov a largas penas de prisión, con cargos que iban desde la toma violenta del poder a delitos relacionados con el terrorismo.
La decisión del tribunal incluía veredictos tanto en persona como en ausencia.
Anteriormente, un tribunal de Moscú ordenó que el ciudadano estadounidense Joseph Tater fuera internado en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento obligatorio tras ser acusado de agredir a un agente de policía el año pasado.
El juez dictaminó que Tater no era apto para ser juzgado y accedió a una petición de la fiscalía para que se sometiera a tratamiento involuntario en un centro psiquiátrico especializado.
