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Un tribunal de Ucrania condena en ausencia a seis mandos militares rusos por el ataque a la central nuclear de Zaporizhzhia

Un tribunal ucraniano ha condenado en ausencia a 12 años de prisión a seis miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia —incluidos dos mayores generales y cuatro comandantes de grupos tácticos— por su papel en la toma y el bombardeo de la central nuclear de Zaporizhzhia en marzo de 2022.
El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, ha dado a conocer el fallo este 28 de julio, en una resolución que atribuye responsabilidad penal a la cadena de mando rusa por las acciones militares desplegadas sobre la instalación atómica.
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Fundamentos jurídicos y detalles de la operación sobre la planta
Las penas de 12 años de prisión fijadas para cada uno de los oficiales comenzarán a computarse a partir de su detención efectiva. La sentencia considera a los seis militares culpables de violar las leyes y costumbres de la guerra en el marco de un plan concertado, de acuerdo con la aplicación del apartado 2 del artículo 28 y el apartado 1 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania.
Los hechos probados en la investigación judicial señalan que los mandos condenados dirigieron el asalto al complejo nuclear durante la fase inicial de la invasión rusa. Con el apoyo de carros de combate y blindados pesados, las fuerzas rusas abrieron fuego contra las instalaciones en dirección a los reactores nucleares y los almacenes de combustible gastado.
«Se produjo un incendio en el recinto de la central que dañó redes y comunicaciones de importancia crítica. Las tropas rusas impidieron el acceso a los equipos de rescate para sofocar las llamas, mientras el personal de la planta permaneció bloqueado en sus puestos de trabajo. Las acciones de los ocupantes pudieron haber provocado la destrucción de las barreras de protección de los reactores y una liberación masiva de sustancias radiactivas», recoge el comunicado oficial.

Identificación de la cadena de mando militar rusos imputada
Entre los altos mandos condenados figura el mayor general Aleksei Yuryevich Dombrovsky, subdirector de la dirección principal de la Guardia Nacional de Rusia en la región de Krasnodar (conocido con el indicativo de llamada «Zvezda-08»), y el mayor general Dmitry Petrovich Chistyakov, comandante de un grupo táctico reforzado del 749.º batallón operacional independiente de la Guardia Nacional en Daguestán.
El fallo judicial alcanza asimismo al coronel Aleksei Alekseyevich Reshetnev, comandante de un regimiento de protección de instalaciones estatales clave en el distrito del Volga («122»), y al coronel Yuri Nikolayevich Lukachev, comandante de la 22.ª brigada operacional independiente «Kobra» («Kulon»).
Completan la lista de condenados el coronel Sergei Nikolayevich Dovgan, jefe del departamento de seguridad de instalaciones de importancia estatal en el distrito siberiano («Zvezda-09»), y el teniente coronel Muradkhan Alderkhanovich Akhmedkhanov, comandante de un grupo táctico reforzado del 749.º batallón operacional («Sheikh»).
Cuatro años de ocupación militar y riesgos de seguridad nuclear
Las condenas judiciales se enmarcan en un contexto de continuas denuncias sobre la situación operativa y de seguridad en las instalaciones. El 4 de marzo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó los cuatro años de ocupación militar de la central de Zaporizhzhia por parte de las fuerzas rusas, tras su toma inicial en marzo de 2022.
Fuentes oficiales advirtieron de que la planta ha sufrido múltiples cortes de suministro eléctrico exterior y señalaron que cualquier intento de las autoridades rusas por reactivar los reactores implica severos riesgos para la seguridad nuclear internacional.
Junto a los factores técnicos y medioambientales, los informes ucranianos destacan el impacto sobre la población civil y el personal de la central en la ciudad adyacente de Enerhodar, donde se han registrado detenciones ilegales, malos tratos y desapariciones forzadas que han afectado a cerca de 2.000 personas. Ante esta situación, Ucrania ha reiterado su petición de desmilitarización inmediata del complejo y la devolución del control operativo de la instalación a las autoridades de Kyiv.
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