La cúpula de seguridad de Moscú presiona a Putin para aplicar el estado de sitio tras las elecciones

Las autoridades de Rusia sopesan la implantación del estado de sitio a escala nacional tras las elecciones parlamentarias a la Duma Estatal previstas para septiembre. Según informó The Moscow Times este 27 de julio, la medida cuenta con el respaldo del sector de la seguridad del Kremlin, que aboga por la adopción de un régimen extraordinario ante la evolución del escenario bélico.

Fuentes del estamento militar y de inteligencia señalan que la situación del país reviste una gravedad creciente que difcilmente podrá gestionarse sin medidas de excepción. De salir adelante la propuesta, el Gobierno de Moscú dispondría de un marco legal más estricto para coordinar el esfuerzo de guerra y movilizar recursos tras la cita electoral.

El marco legal de la medida y los detonantes en el frente

La legislación vigente en Rusia establece que el estado de sitio puede ser decretado de forma indefinida mediante orden presidencial. Este régimen extraordinario otorga al Kremlin facultades para imponer toques de queda, limitar la libertad de circulación, asignar a los ciudadanos a trabajos de la industria de defensa, requisar bienes para necesidades militares, suspender procesos electorales y aplicar una censura total de la información.

Entre los factores que podrían activar esta decisión, los analistas señalan un eventual revés militar de gravedad en la guerra de Ucrania o un descenso acusado en el reclutamiento de personal. El flujo de nuevos voluntarios y alistados alcanzó este año su nivel más bajo en tres ejercicios, una dinámica que dificulta la reposición de bajas en el frente y presiona a la estructura militar del país.

Impacto económico y preparativos institucionales

Junto a la posible declaración del estado de sitio, las autoridades de Rusia sopesan medidas complementarias como una nueva ola de movilización militar, restricciones al mercado de divisas y la prohibición de salir del país a trabajadores de empresas estratégicas. Fuentes regionales apuntan también a la conversión forzosa de parte de los depósitos bancarios privados en bonos de guerra para financiar un déficit público que alcanzó casi seis billones de rublos (unos 70.000 millones de euros) en el primer semestre del año.

Los preparativos institucionales para este escenario se reflejan en las recientes reformas legislativas que afectan a la Guardia Nacional (Rosgvardia). En el contexto de la invasión de Ucrania y el estancamiento bélico, estas iniciativas buscan asegurar la estabilidad interna del régimen y sostener la economía de guerra frente a un desgaste prolongado.

La adaptación legal de Rosgvardia ante las elevadas bajas

Las propuestas normativas publicadas el 20 de julio encomiendan a la Guardia Nacional (Rosgvardia) tareas de preparación anticipada de personal, instalaciones y recursos para afrontar riesgos derivados de la movilización, el estado de sitio y situaciones de conflicto. Esta actualización de los protocolos de defensa civil alinea la actuación de la fuerza con las reformas legislativas aprobadas recientemente en materia de seguridad nacional.

Estas medidas regulatorias coinciden con las estimaciones de los servicios de inteligencia y defensa occidentales, que calculan que las bajas sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión alcanzan los 1,4 millones de efectivos entre muertos y heridos. En este contexto de elevado desgaste en el frente, diversos análisis y canales especializados han señalado la posibilidad de que el Kremlin aborde en otoño una nueva fase de movilización con un objetivo de reclutamiento de hasta 1,2 millones de personas.

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