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El Kremlin refuerza su control sobre internet, generando críticas de 'campo de concentración digital' dentro de Rusia

El diputado de la Duma Estatal rusa, Mikhail Matveev, criticó duramente la creciente censura de internet y la represión contra las VPN por parte del Kremlin, calificándolas de "histeria" diseñada para construir un "campo de concentración digital", según informó The Moscow Times el 31 de marzo de 2026.
Las críticas de Matveev ponen de manifiesto una creciente división dentro de la clase política rusa respecto al enfoque del gobierno sobre el control digital. El diputado señaló lo que describió como una hipocresía rampante entre la élite gobernante, destacando que los funcionarios que condenan públicamente la tecnología extranjera a menudo la utilizan a puerta cerrada.
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«Nuestras autoridades muestran mucha hipocresía», declaró Matveev, citando ejemplos de funcionarios que piden la prohibición de importaciones mientras portan los últimos iPhones, y de quienes califican a Telegram como una plataforma «enemiga» mientras pagan simultáneamente por su suscripción Premium.
Advirtió que estos planes carecen de una estrategia a largo plazo y que, a la larga, fracasarán, añadiendo que «cuando todo esto empiece a desmoronarse, quienes lo idearon se harán a un lado y fingirán no tener nada que ver», según publicó The Moscow Times.
Las declaraciones del diputado se producen mientras el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia confirma que está estudiando la posibilidad de imponer tasas y multas a los ciudadanos que utilicen servicios VPN para eludir los bloqueos estatales. El ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadaev, describió las medidas propuestas como un "compromiso difícil", sugiriendo que, si bien el gobierno comprende las posibles consecuencias, "todas las demás opciones son mucho peores".
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Según The Moscow Times, estas conversaciones incluyen la exigencia de que los proveedores de servicios de internet bloqueen el acceso a las principales plataformas nacionales incluidas en la lista blanca—como Wildberries, Ozon, Yandex, VK y Avito—a cualquier usuario que intente acceder a ellas con una VPN activada.
Para reforzar aún más el control digital, el Ministerio habría solicitado a las compañías de telefonía móvil que cobren a los usuarios por el tráfico internacional que supere los 15 GB mensuales. Según expertos como Mikhail Klimarev, director de la Sociedad para la Protección de Internet, estas medidas drásticas son una respuesta directa al aumento sin precedentes del interés ruso en herramientas para eludir la censura, informó The Moscow Times.
Mientras el Estado intenta afianzar su control sobre la web nacional, las restricciones propuestas amenazan con dejar a millones de rusos sin acceso a servicios nacionales esenciales si optan por mantener su privacidad o acceder a información global restringida.

La represión actual siguió a una serie de "restricciones graduales" en Telegram que comenzaron a principios de febrero de 2026, cuando los reguladores rusos comenzaron a limitar la velocidad de descarga y a bloquear las llamadas de voz en todo el país. Estas interrupciones técnicas fueron parte de un esfuerzo estatal más amplio para obligar a casi 96 millones de usuarios a usar "MAX", una nueva aplicación de mensajería controlada por el gobierno y desarrollada por VK bajo la supervisión del FSB. A mediados de marzo, se reportaron interrupciones masivas en Moscú y San Petersburgo, y según informes, las autoridades se preparaban para un bloqueo total de la plataforma para el 1 de abril de 2026, después de designarla como un "medio de comunicación hostil" durante reuniones de seguridad de alto nivel.
Las autoridades rusas ya habían intensificado su campaña para prohibir Telegram. El diputado de la Duma Estatal, Oleg Matveychev, comparó la plataforma con un "migrante ilegal" sujeto a "deportación" por negarse a trasladar sus operaciones a Rusia. Esta retórica surgió tras una serie de interrupciones masivas del servicio en Moscú y San Petersburgo, que redujeron la disponibilidad de la aplicación al 80%, mientras los reguladores implementaban sistemas de "lista blanca" para eludir las VPN y limitar el ancho de banda de los datos móviles.
Los analistas describieron las interrupciones como un "ensayo final" para un bloqueo total, basándose en las pruebas realizadas en el verano de 2025 bajo la ley estatal de "mensajería soberana" para aislar de facto el espacio digital del país.
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