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La Comisión de la ONU determina que los videos rusos difundidos en Telegram sobre asesinatos de ucranianos constituyen crímenes de guerra
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![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
![Photo of Maryna Kulakova]( "Photo of Maryna Kulakova")
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania ha concluido que los canales rusos de Telegram, gestionados por los autores de los ataques o por personas vinculadas a las unidades de drones rusas, que difunden vídeos de civiles ucranianos muertos o heridos, constituyen un crimen de guerra.
Esta declaración fue realizada por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania en su última actualización al Consejo de Derechos Humanos el 22 de septiembre. La Comisión hizo hincapié en que estas acciones violan directamente la dignidad humana.
Los canales también publicaron mensajes amenazantes, anunciando nuevos ataques e instando a los civiles a abandonar sus hogares.
En mayo de este año, la Comisión concluyó que los ataques con drones en la región de Kherson fueron a gran escala y sistemáticos, calificándolos como crímenes contra la humanidad, concretamente como asesinatos.
Además, las pruebas recopiladas confirman ataques similares contra civiles e infraestructuras civiles en las regiones de Dnipropetrovsk y Mykolaiv.
El informe destaca que las circunstancias de los ataques en los asentamientos situados a lo largo de la orilla derecha del río Dniéper indican la intención de los autores de matar, mutilar y destruir. Las fuerzas rusas están bombardeando estas tres regiones desde posiciones situadas en la orilla izquierda del Dniéper, a más de 300 kilómetros de distancia.
Para estos ataques, utilizan drones equipados con sistemas de vigilancia y seguimiento de objetivos en tiempo real. Estos drones a menudo seguían a sus víctimas a lo largo de largas distancias, lanzando explosivos sobre ellas, lo que provocaba muertes y heridos. La Comisión también informó de ataques con drones contra ambulancias y otros servicios de emergencia, lo que obstaculizaba su capacidad para llegar a destinos críticos.
El informe de la Comisión afirma que estos ataques han tenido un impacto devastador en la población civil de las zonas afectadas. Comunidades enteras se han vuelto inhabitables, con servicios esenciales y tiendas cerrados. El terror obligó a miles de personas a huir de sus hogares.
«Los apartamentos dejaron de funcionar, las tiendas cerraron, los drones estaban por todas partes: donde antes volaban unos pocos drones al día, en ese momento volaban tres, cuatro o cinco cada hora. Se hizo imposible salir a la calle», dijo un residente de la aldea de Antonivka, que se marchó tras repetidos ataques.
La Comisión considera que las acciones del ejército ruso pueden considerarse un crimen contra la humanidad: el desplazamiento forzoso. La Comisión tiene previsto abordar esta cuestión más a fondo en su informe a la Asamblea General en octubre.
El informe también afirma que las investigaciones sobre los ataques con drones de corto alcance, así como las deportaciones y los traslados forzados, muestran que las autoridades rusas están actuando de manera coordinada y organizada para capturar nuevos territorios, reforzar el control sobre las zonas ocupadas y obligar a la población local a huir.
Además, la Comisión sigue investigando la práctica de deportar y reubicar a civiles adultos de las regiones ocupadas de Zaporizhzhia.
Anteriormente, se informó de que en julio las víctimas civiles en Ucrania alcanzaron un nuevo máximo en tres años, según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) el 13 de agosto en su última actualización sobre la protección de los civiles.
