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Rusia abandona el Convenio Europeo contra la Tortura y bloquea el acceso a sus prisiones

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Vista de un soldado ucraniano, previamente prisionero de las fuerzas rusas, mostrando una fotografía de sí mismo antes de su cautiverio durante su rehabilitación.
Un soldado ucraniano liberado del cautiverio ruso muestra una foto suya antes de ser prisionero, durante su rehabilitación en Ucrania el 6 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)

Rusia se ha retirado formalmente del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, poniendo fin a la supervisión internacional independiente de los centros de detención en todo el país. Según un comunicado emitido por el Consejo de Europa el 1 de noviembre, las autoridades rusas notificaron oficialmente su decisión de denunciar el convenio el 30 de octubre de 2025.

En virtud del artículo 22 del acuerdo, la retirada de un país entra en vigor un año después de la notificación, lo que significa que la salida de Moscú se hizo efectiva el 30 de octubre de 2026.

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Rusia era parte del convenio desde 1998. Durante este periodo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) llevó a cabo 30 visitas al país, inspeccionando más de 450 lugares de detención. Sin embargo, Rusia se distinguió por ser el único Estado miembro que se negaba sistemáticamente a autorizar la publicación de los informes que documentaban los hallazgos de los inspectores. A lo largo de su participación, el Kremlin solo permitió la publicación de cuatro informes, mientras que diez documentos clave relativos a Chechenia y el Cáucaso Norte, que cubrían el periodo de 2000 a 2017, se mantuvieron bajo estricto secreto.

Rusia era parte del convenio desde 1998. Durante este periodo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) llevó a cabo 30 visitas al país, inspeccionando más de 450 lugares de detención. Sin embargo, Rusia se distinguió por ser el único Estado miembro que se negaba sistemáticamente a autorizar la publicación de los informes que documentaban los hallazgos de los inspectores. A lo largo de su participación, el Kremlin solo permitió la publicación de cuatro informes, mientras que diez documentos clave relativos a Chechenia y el Cáucaso Norte, que cubrían el periodo de 2000 a 2017, se mantuvieron bajo estricto secreto.

El impacto en los prisioneros de guerra ucranianos

La preocupación por las condiciones en los centros de detención rusos se intensificó drásticamente tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el CPT ha recibido numerosos informes sobre torturas y malos tratos presuntamente cometidos por personal ruso, tanto en los territorios ucranianos ocupados como dentro de las fronteras de la propia Rusia. No obstante, la nula cooperación de Moscú impidió al comité investigar estas denuncias sobre el terreno.

El presidente del CPT, Alan Mitchell, advirtió sobre la gravedad de este aislamiento legal: "La retirada de la Federación Rusa significa el fin del mandato de supervisión del CPT en el país. También supone el cese de cualquier seguimiento independiente de los lugares de detención en el territorio". Por el contrario, Ucrania continúa cooperando plenamente con el comité y facilitando sus actividades de inspección.

La decisión del Kremlin se produce en un contexto de exhaustiva documentación sobre presuntas torturas a prisioneros de guerra (POW) ucranianos bajo cautiverio ruso. Según el Comisionado de Derechos Humanos de la Rada Suprema de Ucrania, Dmytro Lubinets, las fuerzas rusas han sometido a los cautivos ucranianos a 695 formas diferentes de tortura, incluyendo abusos físicos, psicológicos y violencia sexual. Las autoridades ucranianas también han registrado 860 casos que implican condiciones de detención inhumanas, desde la privación de alimentos hasta la reclusión en instalaciones totalmente insalubres.

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